Según una definición básica presentada en el libro Temas selectos de psicología y neuropsicología con un glosario de términos en psicología y neuropsicología (Alicante, Letramé, 2021). La “anosognosia es un trastorno neuropsicológico derivado de alteraciones que afectan al cerebro, ésta se manifiesta como pérdida o ausencia de consciencia del estado que se padece; es decir, es un estado de ‘desconocimiento’ o negación de que se adolece de tal estado y, a su vez, se desconoce y niega de ‘la perturbación de la actividad crítica hacia los déficits surgidos’.(Luria, 1979). Es, naturalmente, como aparece en su nombre, una agnosia. Este concepto fue acuñado por el neuropsiquiatra francés Joseph Babinski (1914), mientras que el término anosodiaphoria refiere una indiferencia emocional o ausencia de preocupación e interés por un déficit que sí se identifica o reconoce intelectualmente, pero que se asume como intrascendente o sin importancia. Este término fue también acuñado por Joseph Babinski (1914).
A pesar de que Gabriel Anton, Jules Déjerine o Von Monakow refirieron antes que Babinski casos con las características de tales síndromes, fue este último quien propuso dichos conceptos.
Ahora bien ¿En esta ocasión, en este tiempo y lugar, bajo las circunstancias que hoy nos enmarcan, que nos envuelven y que están presentes a los ojos y oídos de todos ¿qué justifica la elección de tales vocablos neuropsiquiátricos y neuropsicológicos para analizar el comportamiento político de las autoridades gubernamentales y universitarias ante los sucesos deleznables, inadmisibles y dolorosos de los feminicidios sucesivos de Kimberli Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, recientemente observados? ¿Es que acaso nos proponemos psicopatologizar un conjunto de eventos de carácter sociopolítico? Ello, sin duda parece también inaceptable como opción de análisis y reflexión. Ahora bien, si asumimos como punto de partida que no nos encontramos frente a comportamientos neuropatológicos o neuropsiquiátricos de algunas personas en particular, sino frente a comportamientos de carácter sociopolítico de funcionarios públicos ¿qué sentido tiene el uso de tal analogía en este contexto?
Veamos con cierto detalle la cuestión para mostrar la validez y pertinencia de tal parecido y poder precisar la naturaleza del problema:
No cabe duda, en principio, que los nefastos sucesos que terminaron en dos feminicidios, en menos de diez días, de dos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se unen a otros eventos de desaparición forzada y feminicidios, secuestros y asesinatos en nuestra entidad federativa (recuérdense los casos de Aylín Rodríguez Fernández, los biólogos Enrique Sánchez Salinas y Ma Laura Ortiz Hernández, Mafer Toledo, Alejandro Chao Barona y su esposa Sara Rebolledo, Viridiana Anaid Morales Rodríguez, etcétera) y que, por no alargar una enorme lista de tales agravios únicamente considero los que han impactado a nuestra comunidad universitaria desde más atrás; es decir, que una violencia estructural viene golpeando no solo a la UAEM sino a diferentes sectores de la población del estado de Morelos desde hace tiempo y parece que quienes dicen gobernar nuestra entidad y quienes dicen dirigir el derrotero de nuestra universidad evidencian una ausencia de consciencia del estado que padecemos o muestran un estado de ‘desconocimiento’ o negación de que se adolece de tales calamidades en Morelos y la UAEM: asimismo, se desconoce y niega el conjunto de consecuencias que han derivado de tal negación y de la omisión de la responsabilidad que como funcionarios tienen en este momento, en esta hora.
Desde luego que este primer supuesto es benévolo y generoso con la Gobernadora, la Rectora, el Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM (STAUAEM), así como con la Presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), porque presupone que su inacción obedece a un estado de inconciencia y de incapacidad de reconocer y admitir que este estado de cosas lacera a nuestro estado, nuestra universidad, su comunidad y a los y las estudiantes que, de no haberse organizado y movilizado exigiendo seguridad, justicia y condiciones favorables de estudio y de vida, tales personajes no hubiesen fingido ningún signo de ira, dolor y compromiso para atender en verdad las condiciones que han hecho posibles estos eventos. Pese a ello, sin duda, este estado que ha reflejado su comportamiento muestra a todas luces que están incapacitados para dirigir, gobernar y conducir nuestra entidad y universidad.
En el otro supuesto estaríamos bajo unas circunstancias aún peores porque en tratándose de la anosodiaphoria se mostraría una absoluta indiferencia o ausencia de preocupación e interés por atender una problemática que sí se identifica o reconoce intelectualmente, pero que se asume como intrascendente o sin importancia.
En este caso la indolencia descalifica desde un principio la verdadera trascendencia de estas condiciones y circunstancias, y antepone otras “prioridades” que concibe como de “mayor relevancia” y, en consecuencia, considera tales calamidades como hechos aislados, que le suceden a “unos cuantos”, que afectan a unas familias en particular y se lavan la boca expresando: “Hemos mantenido una relación y comunicación estrecha con las familias”, porque seguramente creen que es una asunto “familiar” y no, no lo es, o al menos no es únicamente familiar. Es éste, sin duda, un suceso que adquiere dimensiones sociales y psicosociales que merece ser afrontado no únicamente con estrategias de “vigilancia y control policiaco, militar y judicial”.
Si tratamos de sintetizar estas figuras que ejemplifican el comportamiento de los funcionarios, autoridades y “liderazgos” sindicales y estudiantiles concluiremos, sin duda alguna, que puede ser representado con los términos siguientes: inconsciencia, negación, infravaloración, indolencia, omisión de responsabilidades y desprecio a los que no son ellos mismos y su valores, creencias o intereses. Por otro lado, sus “prioridades” son: control de daños, control del movimiento estudiantil, descalificación y criminalización de las acciones de protesta y de lucha, y la utilización de los medios de información a su disposición para descalificar las justas demandas estudiantiles y sus formas de lucha.
Si lo que se ha descrito fuese resultado de una evidente y demostrable anosognosia y anosodiaphoria clínicas, adolecidas por la gobernadora, la rectora,la presidenta de la FEUM o el Secretario General del SITAUAEM (quien por cierto lleva ya por lo menos 20 años en el cargo, y se acerca a pasos agigantados a Fidel Velazquez, Joaquín Hernández Galicia, Carlos Jongitud y otros caciques sindicales más) no tendríamos óbice alguno en asumir una actitud comprensiva hacia ellos como personas, pero en tanto que funcionarios públicos o representantes de trabajadores académicos o estudiantes, es absoluta y totalmente inadmisible y condenable su actitud y sus acciones.
Claro es que desde el inicio de esta breve reflexión asumimos que más que ser un problema de orden clínico es, indubitablemente, sociopolítico, ético e ideológico; por ende, nuestra conclusión es también sociopolítica y por qué no, psicosocial.
¡No más negación, infravaloración, indolencia, omisión de responsabilidades y desprecio a los que no son ellos mismos y sus valores, creencias o intereses! ¡No más superposición de sus “prioridades” como lo son el control de daños, control del movimiento estudiantil, descalificación y criminalización de las acciones de protesta y de lucha y la utilización de los medios de información a su disposición para descalificar las justas demandas estudiantiles y sus formas de lucha!
¡Adelante camaradas estudiantes!